La rivalidad entre China y Estados Unidos ha trascendido los aranceles para convertirse en una puja por el control de sectores estratégicos a nivel global. América Latina, y en particular Chile, se ha convertido en uno de los escenarios donde esta disputa comienza a mostrar efectos concretos.
La influencia de empresas chinas en infraestructura crítica ha despertado recelo en Washington, que promueve una revisión más estricta de las inversiones provenientes del gigante asiático. Chile, que en la última década ha recibido un volumen creciente de capitales chinos, se ve hoy en el centro de un delicado equilibrio geopolítico.
Uno de los casos más emblemáticos es el ingreso de State Grid al mercado eléctrico nacional. La firma china, propiedad del Estado, desembolsó cerca de US$5.400 millones en la compra de CGE y Chilquinta Energía entre 2019 y 2020, posicionándose como el principal operador en distribución eléctrica. Aunque un intento posterior por controlar Transelec fue bloqueado por la regulación local, el avance chino en el sector energético ya era un hecho.
En minería, la irrupción de Tianqi Lithium marcó un punto de inflexión. Con la adquisición del 24% de SQM, la firma pasó a tener participación en uno de los actores más importantes del mercado mundial del litio. Este vínculo ha generado tensiones en los últimos meses, particularmente por el rol de Tianqi en las negociaciones entre Codelco y SQM para una nueva alianza público-privada.
Además del litio y la energía, las inversiones chinas se han expandido hacia áreas como la agroindustria, la construcción de infraestructura y la investigación médica. Proyectos como la planta de vacunas de Sinovac, aún en desarrollo, y el parque solar Oasis de Atacama muestran el interés del país asiático por diversificar su presencia en el territorio.
Según cifras de InvestChile, la participación china en la cartera de proyectos pasó de apenas cinco iniciativas en 2016 a más de veinte en 2023, con un valor conjunto que supera los US$4.200 millones. Actualmente, China ocupa el quinto lugar entre los principales inversionistas en el país, detrás de potencias como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
El atentado reciente contra la central hidroeléctrica Rucalhue —financiada por capitales chinos— puso nuevamente en la agenda pública el tema de la seguridad de estas inversiones. La embajada china en Santiago solicitó garantías al gobierno chileno, reflejando el creciente involucramiento diplomático en asuntos económicos.
La presión de Washington no es menor. Estados Unidos ha sugerido aplicar aranceles diferenciados a productos provenientes de infraestructuras chinas y busca que países aliados —como Chile— revisen con mayor rigurosidad la procedencia de sus capitales extranjeros. Aunque hasta el momento no existe una política formal que restrinja la inversión china, sí se percibe un clima de vigilancia creciente.
Expertos advierten que la posición chilena es aún marginal en la cartera global de inversiones chinas. Con una participación estimada en torno al 8,7% en 2024, está por debajo de países como México y Perú. Sin embargo, la presencia del gigante asiático es cada vez más visible y suscita interrogantes sobre su impacto en decisiones estratégicas a nivel local.
La discusión no es solo económica, también toca fibras diplomáticas. “No se trata de rechazar a un socio comercial, sino de tener claro cómo se integran estos capitales en sectores clave”, explica Esteban Viani, economista y académico universitario. Por su parte, el senador Iván Moreira plantea que Chile no debe actuar condicionado por las presiones externas. “China ha sido un socio estable. Darle la espalda sería un error geopolítico”, aseguró.
